Al Congreso de Nuevo León ¿Quién lo fiscaliza?


Publicado el 17/01/2016


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Monterrey, Nuevo León, México 17 de enero de 2016

Dentro de la Ley de Participación Ciudadana de Nuevo León se incluyó la figura de Contraloría Ciudadana

Si bien la figura de contraloría ciudadana, incluidas en la Ley de Participación Ciudadana, aparentan ser un mecanismo que contribuyen a la transparencia y fiscalización de los recursos públicos, en la práctica limitan y contravienen los derechos constitucionales de petición y acceso a la información, además la ambigüedad en la redacción deja abierta la posibilidad de sanciones arbitrarias por el uso de la información de carácter público.

Es importante señalar que los diputados no incluyeron al Poder Legislativo dentro de los entes a fiscalizar por las figuras de contraloría ciudadana. Algo que nos lleva a preguntarnos ¿y al congreso quién lo fiscaliza?.

La actual legislatura reiteradamente ha transgredido el principio de máxima publicad, en las respuestas a las solicitudes de información presentadas por esta plataforma.

Por lo anterior hacemos los siguientes señalamientos a los siguientes artículos de la Ley de Participación  Ciudadana de Nuevo León:

Artículo 90.- Se considera Contraloría Ciudadana a las asociaciones de ciudadanos que por disposición de esta ley tienen el derecho de fiscalizar la correcta ejecución de los programas de gobierno, así como la correcta, legal y eficiente aplicación de los recursos del erario ya sea del Ejecutivo del Estado o de los Municipios, así como de sus organismos descentralizados y fideicomisos públicos.

Primero: El artículo 90 excluye al poder Legislativo de las obligaciones a las que sí se somete al poder Ejecutivo y a los municipios, respecto a la fiscalización de recursos públicos.

Segundo: Contraviene el artículo 8 de la constitución mexicana, que señala lo siguiente:

Constitución mexicana Artículo 8º,  Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Se limita el derecho individual de petición y acceso a la información, ya que se obliga a los ciudadanos a formar parte de un colectivo o asociación para la fiscalización de los recursos públicos, constituyendo esto una violación a los derechos humanos.

Tercero, el artículo 6 de la constitución establece lo siguiente:

El derecho a la información será garantizado por el Estado

A.    Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I.    Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

Ya se establece la información quienes son los sujetos obligados a proporcionar información.

Artículo 92.- La naturaleza de la información ya sea pública, reservada o confidencial será la que establezca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado.

La figura de contraloría no amplía los derechos de transparencia, remite a la Ley de Transparencia de Nuevo León, la cual en la actualidad establece los alcances y límites de la información, así como las formas y tiempos para poder acceder a la información pública.

Artículo 98.- El mal uso de la información pública o documentación a la que tengan acceso las Contralorías Ciudadanas o sus miembros participantes, será sancionado en los términos de la legislación aplicable.

Este artículo es uno de los más preocupantes, porque si bien la figura de contralaría no amplía los derechos ya establecidos, sí somete a sanciones sobre el uso de la información pública, y deja el camino abierto a sanciones arbitrarias, ya que no define los supuestos que entran en el concepto del “mal uso de información pública”.

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Descarga aquí: Dec 67 Ley Participacion Ciudadana (002)



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